Aquí entra el Estado, mediante la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones objeta que las cooperativas telefónicas puedan ofertar servicios de telefonía móvil aduciendo que existe una norma (hecha durante los gobiernos neoliberales) que "distribuia" el mercado a los operadores de telecomunicación, es decir, las cooperativas telefónicas solo pueden ofrecer telefonía fija y las empresas de telefonía móvil ofrecen telefonía móvil, este acuerdo evidentemente tiene un perdedor, el usuario, que tiene que pagar exorbitantes tarifas por telefonía móvil. Para colmo de males, la nueva Ley de Telecomunicaciones ratifica dicha situación.
Ante esta situación, corresponde la pregunta, ¿quien defiende a los usuarios?













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